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Sat, Apr

EDITORIAL

Este 21 de Marzo del 2016, cumplirá 27 años de vigencia una Ley publicada en el Registro Oficial 153, de esta fecha, del año 1989, que, para vergüenza de los ecuatorianos, JAMÁS SE HA CUMPLIDO, por la indiferencia del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

Los directivos no han cobrado, en todo este tiempo, mes a mes, lo que tienen que recaudar, y por el hecho de que las empresas cementeras, que tienen el deber de ser Agentes de Retención del dinero que cobran a los usuarios del cemento, no lo entregan al ente asegurador, y lo mantienen en sus arcas en forma indebida, usufructuando de dinero ajeno.

La intensión de los legisladores de ese momento, y del Gobierno del Dr. Rodrigo Borja, que le puso el ejecútese a la Ley 19 de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, fue la de establecer alguna protección a los trabajadores de esta industria debido a que “arroja altos índices de riesgos y enfermedades profesionales, haciéndose necesario modificar el regimen de seguridad social de sus trabajadores, especialmente en lo que tiene relación con su jubilación”, como lo señala la ley.

Esta ley que apenas tiene 6 artículos, y uno final, y que a muchos les da pereza leer, señala que se pueden beneficiar de la misma los trabajadores que hayan acreditado por lo menos 300 imposiciones, es decir, 25 años de trabajo, y ordena el Artículo 3, que gozarán de una pensión mensual equivalente al cien por ciento del último sueldo o salario que hubiesen percibido.

Para su financiamiento, se estableció en el artículo 4 el incremento del precio del kilo de cemento  para los usuarios  (ex – fábrica) de dos centavos, (antes de sucre, ahora de dólar), cuyos valores, pagados los impuestos, “se los destinarán en su totalidad a financiar el beneficio de jubilación especial que se establece en el texto”.

El articulo 5 obliga a que las empresas cementeras paguen al IESS, mes a mes estos valores que recaudan, pero no lo hacen, perjudicando a los trabajadores jubilados, muchos de los cuales han fallecido, sin haber recibido estos dineros a los que tienen perfecto derecho, en algunos casos víctimas de los perjuicios que causan en la salud humana, las substancias tóxicas que contiene este producto.

Todos los ecuatorianos, sin excepción, y más los que están ligados a la industria cementera exigen que el IESS cobre mes a mes estos valores, usando inclusive la capacidad coactiva que la tienen, y que entregue la parte pertinente a los trabajadores, y el saldo será para su beneficio, omisión que está por cumplir 27 años, constituyéndose en una grave negligencia que podría caer en el campo del delito penal tipificado como “Asociación Ilícita” en este caso, para perjudicar a los trabajadores.

Se trata de una indolencia injustificable. Las Leyes, en cualquier sociedad civilizada deben cumplirse, sin mediar negociación alguna, y más si se trata de beneficiar a quienes ponen día a día su talento y energía para elaborar el cemento, producto tan necesario en la industria de la construcción.

Este gobierno actual, que se ha declarado como de los “trabajadores”, nuevamente incumple su palabra. Gracias.

Lcdo. Jose Medina Correa