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EDITORIAL

 

Cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Legislativa Ecuatoriana resolvió, en contra de todo pronóstico, NEGAR TODA POSIBILIDAD QUE EL JUICIO POLÍTICO PLANTEADO EN SU SENO, A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, Diana Atamaint, sea conocido por el pleno de la Asamblea Legislativa, le dijo al país en forma clara y precisa, al ratificar en sus cargos a las mismas autoridades, que lo único que le espera al Ecuador, en un espantoso y grave: FRAUDE ELECTORAL, que difícilmente será asimilado por la sociedad ecuatoriana.

 

Esto, sin duda, afectará seriamente la endeble democracia que vive nuestra Patria, desde que la “ROBOLUCIÓN CIUDADANA” captó este organismo y desde allí, con la mano generosa de los Paredes, Pozo, Villacís, entre otros, jamás perdió una elección, y se aseguraba seguir gobernando nuestra patria por treinta años.

Se esperaba que el nuevo CNE, tanto el primero como el segundo, integrado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del Dr. Trujillo y compañía, se entiende con prestantes ciudadanos, actúen de manera diferente a cómo ha actuado la partidocracia, pero no fue así. El primero permitió que se inscriban ilegalmente como candidatos a vocales del Consejo de Participación Ciudadana ciudadanos al estilo José Carlos Tuárez. El segundo es el actual, encabezado por una mayoría de Consejeros de Pachakutik: Diana Atamaint, elegida luego Presidenta, Partido Social Cristiano con José Cabrera y el Correismo, representado por Estela Acero, en donde quien preside el organismo sólo le garantiza a los ecuatorianos, un grave fraude, debido a su manifiesta incapacidad administrativa, abierta parcialidad demostrada a favor de los grupos políticos que representan, y lo que es también lamentable, que en una postura completamente antidemocrática, las autoridades del Ministerio de Finanzas del Gobierno de Lenín Moreno, le niegan los fondos que requieren para renovar los obsoletos equipos de computación necesarios para el proceso.

Los ecuatorianos estamos conscientes que, con este sombrío panorama en la Función Electoral, no habrá transparencia en los procedimientos, ni confianza de los electores en quienes tienen que garantizar los resultados de la voluntad popular reflejada en el voto ciudadano. Lo pertinente es que los cuestionados renuncien a sus funciones y que sus cargos los ocupen personas idóneas, de ser posible ex Presidentes del máximo organismo electoral, y que su gestión inspire confianza a los ciudadanos.

AUTOR: Lcdo. José Luis Medina Correa.

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