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Sector empresarial: es necesario reducir el gasto público

Tras cinco horas de la audiencia de formulación de cargos, el asambleísta Daniel Mendoza y otras cuatro personas más fueron procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada. 

Para el Legislador y otros cuatro implicados: Edmundo Tamayo.,  Jeninifer C., Tania S. y Ángel A se dictó prisión preventiva y para Olga M., arresto domiciliario. 

El Juez Marco Rodríguez acogió el pedio de Fiscalía y señaló que la instrucción fiscala durará 90 días.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó 15 elementos de convicción y realizó un análisis del por qué solicita la prisión preventiva del legislador Mendoza. 

La fiscal, Diana Salazar, señaló que con este pedido se busca evitar “que los procesados evadan la justicia, ya que existe un alto riesgo de fuga, al tratarse de un delito grave contra la administración pública”.

Mendoza, asambleísta por Alianza País, fue detenido la mañana de ayer después de que Fiscalía General del Estado anunciara 10 allanamientos, realizados durante la madrugada, por investigación de presuntos casos de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí. Según informó la cartera de Estado, se procedió a su aprehensión por presunto delito de delincuencia organizada. Como resultado de las incursiones, también se detuvo a René Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob). 
Los allanamientos se realizaron en tres ciudades, de manera simultanea: Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez.

El proyecto Hospital Básico de Pedernales ya se había visto envuelto en irregularidades, previo a las últimas detenciones. Previo a la adjudicación al Consorcio Manabí-Pedernales, la construcción de esta casa de salud, anunciada tras el terremoto de 2016 y licitada a inicios de 2019, se puso en manos de Tippman Sociedad Anónima, por 15,78 millones de dólares. Sin haber iniciado la obra, el Secob canceló el contrato, después de entregado el anticipo.  
Posteriormente, la construcción del hospital, que contaría con 30 camas, se adjudicó al Consorcio Manabí-Pedernales; a finales de 2019. 
Según un informe emitido en días anteriores por la Contraloría General del Estado, esta adjudicación presentaba irregularidades en su etapa precontractual y contractual. 
La cartera de Estado informó que “se descalificaron oferentes para la adjudicación, sin que en el informe de la comisión técnica encargada de revisar las ofertas consten los motivos”. 
En el proceso, según Contraloría, no se habría aplicado la normativa vigente para la evaluación de propuestas extranjeras. El análisis de la entidad, también, adjunta que se identificó que el procurador común de la compañía adjudicada para la construcción del hospital era gerente general de una de las empresas subcontratistas, “lo cual también está prohibido”.
El informe de Contraloría expone que debió anularse la oferta del consorcio. Además, destaca que en la etapa precontractual “se calificó sobre la base de certificados inválidos de profesionales que no cumplieron los requisitos en los pliegos”.
El 13 de febrero de 2020, sin embargo, se suscribe el contrato para la construcción de la casa de salud con el Consorcio Manabí-Pedernales. 
Cumpliendo con el cronograma, el 3 de marzo se hace efectivo el pago del 50% del anticipo, por el monto de 8’214.756,26 dólares. Días más tarde, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) alerta a las autoridades sobre movimientos irregulares en la cuenta bancaria del Consorcio. Se habrían hecho retiros en cheques de 100.000 dólares. 
El Consorcio Pedernales-Manabí no justificó los movimientos bancarios de estos recursos, de los cuales quedan a penas 893.032,41 dólares en su cuenta bancaria. Y aún no se registra ningún avance en la obra.

Relación con Mendoza

El pasado 14 de mayo, Fiscalía anunció la ejecución del operativo ‘Fortuner’, que comprendió varios allanamientos en Pedernales, Porto Viejo y Calceta; relacionados con la investigación de irregularidades en la adjudicación para la construcción del Hospital.
Durante esta operación se anunció la detención de varias personas; entre estas, Jean Carlos B., asesor del asambleísta Mendoza. En los operativos, además, se logró incautar alrededor de 1,6 millones de dólares. 

Jean Carlos B., supuestamente, habría sido uno de los que recibió dinero de la cuenta del consorcio.
Esto ha llevado a la detención del asambleísta por presunto delito de delincuencia organizada. 
Según se expuso en la audiencia de formulación de cargos, en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales-Manabí se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos. Estos porbarían que Mendoza y Tamayo habrían recibido dinero de estos procesos. 

La fiscal Diana Salazar, además, justificó la estructura de delincuencia organizada bajo la cual el asambleísta, valiéndose de su cargo, coordinaba acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí.
Se destacó que nombres como el de Jorge Jalil, Edmund Tamayo y Franklin Calderón se encontraban en los registros de los pagos realizados por el Consorcio Pedernales-Manabí, encontrados en computadores retirados.Fiscalía, expuso que se encontró cómo los implicados le rendían cuentas a Daniel Mendoza mediante chats materializados.
Según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de delincuencia organizada, Mendoza podría enfrentar una pena privativa de libertad de seite a diez años, de comprobarse el delito. Asimismo, los colaboradores de esta estructura podrían cumplir de cinco a siete años de prisión.

Reacciones tras aprehensión

Tras conocer de la detención del legislador, el movimiento 'Mejor', aliado con Alianza País, emitió un comunicado en el que insta a las instituciones pertinentes a seguir el debido proceso y enfatiza su rechazo y lucha contra casos de corrupción. 
En sus cuentas de twitter, el presidente Lenín Moreno reconoció la labor de Fiscalía. “La corrupción se combate, se sanciona y solo así se evita la impunidad”, escribió en sus redes.
Asimismo, Patricio Carrillo, comandante general de Policía Nacional, escribió en su cuenta de twitter: “Atrás de cada acción policial contra la corrupción, sea un allanamiento, una investigación, una detención, una desvinculación interna u otra de cualquier índole, está un reclamo colectivo por recuperar la decencia, la moral y la ética”. (ECV/ AVV)

FUENTE: LA HORA.COM

 

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