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Sun, Oct

Sector empresarial: es necesario reducir el gasto público

El Dr. Iván Villavicencio Otañez, asesor jurídico de los trabajadores de la industria cementera, demandó de la actual Corte Constitucional, que la preside el Dr. Hernán Salgado Pesantes, que se haga justicia a este gremio, en consideración a que, durante treinta y un años, desde 1989 hasta ahora, no se cumple la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, publicada en el Registro Oficial 153, del 21 de marzo de 1989.

El Dr. Villavicencio rechazó las pretensiones de la industria cementera de echar tierra a esta Ley que beneficia a los trabajadores en general, y desaparecer el incremento que lo paga el consumidor, de dos centavos por kilo de cemento, para su financiamiento.

 

Dijo que este caso está en manos de la actual Corte Constitucional, ante la cual se ha demandado la revisión y nulidad, de la corrupta sentencia que dictaron la Tercera Sala integrada por los doctores: Antonio Gagliardo, quien salvó su voto, Wendy Molina y Tatiana Ordeñana, el 15 de diciembre del 2010, la que altera el pronunciamiento dictado en el año 2007, por la primera Sala de la Corte, integrada por los doctores: Alfonso Luz Yúnez, Ruth Seni y Patricio Pazmiño, en donde se afirma que son 388 millones de dólares, el monto de la auditoría realizada a las cementeras, desde el 2000 al 2009, que tienen que pagar por este concepto, lo que se debe repartir a los trabajadores demandantes.

Aclaró que esto no es verdad, pues se trata de fondos destinados a todos los trabajadores de la industria y no sólo para los 312 que presentaron la demanda.

Informó que, en esta sentencia del 15 de diciembre del 2010, valiéndose de subterfugios, la Sala, rebaja los ingresos de los trabajadores a 70 millones de dólares, más los intereses llega a 89 millones de dólares. Pero, la jueza que debió ejecutar la sentencia, de manera ilegal, ordena un nuevo peritaje, producto del cual determina que lo que tiene que pagar la industria cementera ahora son: 3 millones 653 mil dólares, que es lo que dicen tener consignados en la Judicatura, “lo que constituye un robo flagrante a los dineros de los trabajadores”, enfatizó el jurista.

Villavicencio dijo que esperan que haga justicia en la actual Corte Constitucional y que ésta no se parcialice a favor de la industria cementera, pero, si esto ocurre, acudirán a la nueva Asamblea que elija el pueblo en el año 2021, para que derogue la ley interpretativa dictada por la Asamblea el 24 de Abril del 2014, con mayoría correista, que pretende hacer desaparecer, en otro acto de corrupción, el incremento del precio al consumidor de dos centavos por kilo de cemento, primero en sucres y, cuando vino la dolarización, en dólares, destinados a beneficiar a los trabajadores de la industria, los que por su labor, están sujetos a contraer enfermedades catastróficas por lo tóxico del producto.

Iván Villavicencio demandó además a la Fiscal General Diana Salazar, que abra la investigación sobre Pamela Martínez, ex asesora del ex Presidente Rafael Correa, y que fue Vicepresidenta de la Corte Constitucional, enjuiciada en el caso Sobornos, por la denuncia del periodista Martín Pallares, el que afirma que la industria cementera pagó una Comisión para que se dicte una sentencia perjudicial a los trabajadores, el 15 de diciembre del 2010. Lo mismo ocurrió en el caso de la Cervecería.

Afirmó que la Ley está para cumplirse, y de ninguna manera para que la industria cementera la viole y perjudique a los trabajadores al IESS y al país en general.

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