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Tras acogerse al procedimiento abreviado, Diego T., exgerente de Petroecuador, fue sentenciado a 20 meses de pena privativa de libertad, una multa de 10 salarios básicos, y USD 2’799.005,27 como reparación integral, así mismo deberá publicar la sentencia y disculpas públicas en un medio de comunicación a nivel nacional. El sentenciado aceptó su participación en el delito de tráfico de influencias, estipulado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

Diego T. en su calidad de funcionario público propuso y firmó un Contrato Complementario para el servicio de trasvase, embalaje y desalojo, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de residuos peligrosos de sosa caustica gastada y dietanolamina almacenados en la Refinería de Esmeraldas, suscritos con la empresa Galileoenergy S.A. representante en Ecuador de la empresa Veolia, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

Según la Fiscalía, la indagación empezó a partir de un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, donde se encontraron algunas irregularidades verificadas en pericias documentales y contables realizadas.

Según la pericia efectuada al Servicio de Contratación Pública (SERCOP), se determinó que se violó la Ley de Contratación Pública, artículo 85. Es decir, los documentos, ofertas, respuestas a preguntas y estudios complementarios, no fueron suficientes para realizar la contratación con la empresa Galileoenergy. Adicionalmente, esta empresa no contaba con una licencia ambiental internacional, legal.

El Fiscal del caso, Juan Carlos Zúñiga, sostuvo que Petroecuador EP no verificó el costo beneficio del objeto del contrato. El Banco Central del Ecuador no realizó observación alguna a los pagos realizados en una cuenta en Panamá (considerada como Panamá Papers) que enlaza a todas las otras irregularidades de todos los otros contratos relacionados con la trama de corrupción de Petroecuador. Además, no existió una alerta escrita de la suspensión de actividades desde Petroecuador, ni existen nuevos plazos de cumplimiento, ya que los bienes se encontraban incautados. Según la Fiscalía, estos hechos determinan que Diego T., transgredió y actuó ilícitamente perjudicando al Estado.

Asimismo, según declaraciones de Carlos P.Y., Petroecuador no contaba con una proforma presupuestaria anual para realizar esta contratación, sin embargo este contrato fue autorizado directamente por Diego T.

Fuente: Fiscalia General del Estado. On Line.

 

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